El próximo 23 de junio, el Parlamento Europeo abordará en Bruselas la petición de la plataforma ciudadana “Sí a Almaraz, Sí al Futuro” para evitar el cierre de la central nuclear de Almaraz, previsto para 2027. El debate llega en un momento crucial: mientras la Unión Europea y países como Francia, Suecia o Finlandia refuerzan su apuesta por la energía nuclear como vía intermedia hacia la descarbonización de sus economías, España insiste en apagar sus reactores, privando al sistema eléctrico de una de sus fuentes más estables y libres de emisiones.
La petición —registrada con carácter de urgencia y admitida por la Comisión de Peticiones— denuncia que el cierre de Almaraz vulnera principios esenciales de la normativa europea en materia de transición energética, seguridad de suministro y cohesión territorial. Según la plataforma, la desconexión de esta planta, que representa el 7% de la electricidad nacional y la mitad de la extremeña, condenaría al país a depender más del gas importado para compensar la intermitencia de las renovables, con el consiguiente efecto sobre la soberanía energética y el aumento de emisiones de CO₂ y de la factura energética.
“No se trata sólo de defender Almaraz: se trata de no cometer un error estratégico que tendría repercusiones en toda la economía y en la calidad de vida de las personas”, explica el alcalde de Belvís de Monroy y presidente de la plataforma, Fernando Sánchez Castilla.
El documento de siete páginas que ha merecido la atención de Bruselas, alerta de que la clausura de los 2.000 MW que puede producir Almaraz de forma constante generaría un “riesgo cierto de crisis de electricidad” y critica que España no haya elaborado ni explicado un plan específico para gestionar esta pérdida de potencia
Más allá de cuestiones puramente técnicas, la petición subraya el impacto socioeconómico del cierre en una comarca ya fuertemente castigada como es la comarca extremeña del Campo Arañuelo. Con una renta per cápita inferior al 75% de la media europea y altos niveles de despoblación, la desaparición de la central supondría un golpe difícilmente reversible. Se estima que la pérdida neta de empleo podría superar los 15.000 puestos a nivel nacional, y reduciría en 207 millones de euros el valor añadido bruto de la economía extremeña.
La sesión del 23 de junio no será solo un intercambio retórico. El procedimiento parlamentario establece que tras una breve introducción del presidente de la Comisión de Peticiones, Fernando Sánchez Castilla, dispondrá de cinco minutos para defender la petición. Su intervención será seguida por turnos de palabra de los eurodiputados, quienes podrán mostrar apoyo o escepticismo, proponer acciones concretas y plantear preguntas. El resultado final no se decide con una votación tradicional a mano alzada, sino mediante una valoración global que recogerá la postura de los grupos y que el presidente resumirá al cierre de la sesión.
El debate europeo se producirá en un contexto en el que más de 20 países han anunciado en la COP 28 su intención de triplicar la capacidad nuclear para 2050, conscientes de que la nuclear ofrece una generación constante y sin emisiones que complementa las energías renovables mientras las redes y los sistemas de almacenamiento se modernizan para adaptarse a las renovables. Almaraz, además, ha sido reconocida este mismo año por la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) como una de las centrales con mejor desempeño técnico del mundo, capaz de operar en condiciones óptimas hasta 2063.
El calendario de desmantelamiento contrasta con la apuesta renovada de otros países europeos por la energía nuclear. Francia obtiene casi el 70% de su electricidad de esta fuente y planea construir nuevos reactores, mientras que Alemania, tras haber cerrado sus últimas plantas en 2023, sopesa ahora una moratoria para frenar el desmantelamiento. Bélgica ya ha recibido autorización de la Comisión Europea para extender la vida útil de sus centrales, y Polonia, Países Bajos y Suecia anuncian nuevas inversiones en energía nuclear.
El debate europeo del día 23 se produce en un contexto de mantenida presión energética. La guerra en Ucrania, la crisis de precios y el auge de los centros de datos impulsados por la inteligencia artificial ponen sobre la mesa la necesidad de contar con una generación firme, barata y descarbonizada. La nuclear, que representa casi un tercio de la electricidad europea y que en España podría prolongar su vida útil hasta los 60 u 80 años —como ya ocurre en Estados Unidos— ofrece precisamente ese respaldo estable que ni las renovables ni el gas pueden garantizar por completo.
La sesión del Parlamento Europeo es la oportunidad de corregir el rumbo y evitar un cierre que no responde a criterios técnicos ni medioambientales, sino a una decisión política desfasada y peligrosa. “La energía nuclear no es un lujo, es una necesidad para transitar hacia un modelo descarbonizado sin sacrificar la competitividad industrial ni el bienestar de los ciudadanos. Con garantías de seguridad como requisito indispensable, por supuesto”, explica el presidente de la plataforma ciudadana.