Un estudio de Metroscopia revela que una abrumadora mayoría de la población extremeña rechaza el cierre de la central nuclear de Almaraz, previsto para 2027. Según los datos, 8 de cada 10 extremeños expresan su preocupación ante la falta de alternativas económicas sólidas y el impacto que esta decisión tendrá sobre el empleo, la calidad de vida y la identidad de la comarca de Campo Arañuelo.
El informe, basado en 800 entrevistas y dos grupos de discusión realizados en abril de 2025, confirma que el cierre de la central se percibe como un duro golpe para la región: el 86 % de los encuestados valora positivamente su impacto económico desde su apertura y el 96 % destaca su papel en la creación de empleo local.
Los datos son especialmente alarmantes en cuanto al futuro del empleo: el 67 % anticipa una pérdida significativa de puestos de trabajo tras el cierre, y un 58 % teme que los empleos futuros serán de peor calidad. Además, tres de cada cuatro extremeños prevén una migración de trabajadores hacia otras regiones.
La ciudadanía tampoco confía en la respuesta institucional: el 80 % cree que el Gobierno central no tiene un plan claro para afrontar las consecuencias del cierre, y el 76 % opina lo mismo del Ejecutivo autonómico. En esa línea, el 67 % duda que Almaraz y su entorno vayan a recibir apoyos suficientes para reinventarse.
El apoyo a la continuidad de la central no responde a líneas ideológicas. La mayoría de los votantes del PP (94 %), PSOE (66 %), VOX (93 %) y Unidas por Extremadura (57 %) considera que el cierre es una mala noticia. También lo creen un 76 % de quienes no votaron en las últimas elecciones. Además, el 78 % considera que la planta es segura, y solo una minoría la relaciona con efectos negativos sobre el medioambiente (39 %) o la salud (29 %).
Más allá del aspecto económico, la ciudadanía también expresa un reconocimiento simbólico de la central: el 66 % cree que Campo Arañuelo perderá parte de su identidad con el cierre, y el 56 % anticipa un empeoramiento en la calidad de vida.
El estudio refleja una demanda social clara: los extremeños no se oponen al avance hacia un modelo energético sostenible, pero insisten en que la transición debe hacerse de forma planificada, con alternativas reales y respetando la singularidad de cada territorio. Casi 8 de cada 10 rechazan un apagón nuclear en España, y el 47 % cree que el país no debería renunciar en ningún caso a la energía nuclear.
